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¿El campesinado sujeto de derechos?

Colombia es el tercer país más desigual en la distribución de la tierra, así lo demostró el informe titulado radiografía de la desigualdad realizado por la organización  Oxfam Colombia; quienes revelan que según último Censo Nacional Agropecuario del 2014 por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE que: El 1% de las fincas más grandes ocupa el 81% del territorio y el 99% de las fincas restantes ocupan solo el 19%. (OXFAM, 2017). También nos indica que existen 704 explotaciones (49.135 hectáreas (HA) en promedio), es decir controlan la mitad de la tierra y 2.046.536 explotaciones (17 HA en promedio) se reparten la otra mitad. (OXFAM, 2017). Igualmente para el año 2017, el 66% territorio está ocupado en fincas de más de 500 HA, (OXFAM, 2017) cifra que revela que la tierra está concentrada en pocas manos, y que las comunidades; en especiales las campesinas carecen de tierras para sembrar alimentos, para realizar su vida en el territorio y por lo tanto de condiciones de vida digna. El campo ha sido entregado y dominado por un modelo agroindustrial al mejor estilo de Carimagua.
En este contexto de desigualdad en la distribución de la tierra la situación agraria, atraviesa por un sinfín de interés de particulares con el beneplácito de las leyes y la voluntad del gobierno, los cuales han ido adoptando la aplicación de instrumentos y disposiciones legales para el beneficio de los grandes capitales que irrumpen en el campo. Por ejemplo el proyecto de ley de tierras acentúa este desbalance y el  proyecto de ley “por la cual se modifica la ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones”, que tramita el actual gobierno encabeza del Ministerio de Agricultura, va en contravía a una Reforma Rural Integral, como lo acordado en el punto 1 del acuerdo de Paz de La Habana, pues se pierde el objetivo del Fondo de Tierras y con ello, el derecho del campesinado al acceso a tierras y a la búsqueda de una reforma agraria. Dado que, el proyecto permite la legalización y entrega de los baldíos, refuerza la carencia en la democratización del acceso a la tierra, promueve un modelo de adjudicación por compensación, por uso sin transferencia de dominio, fortalece los procesos de asociatividad a proyectos con derecho de uso, y permite el uso de los baldíos reservados para actividades extractivas.

Manifestación por el reconocimiento del campesinado

Tal grado de desigualdad que progresivamente tiende aumentar como lo demuestra el citado informe de Oxfam Colombia, que confirma las estadísticas del Censo Nacional Agropecuario del 2014, el cual con todos sus desaciertos ha carecido de otro factor relevante y se demuestra en la negación de derechos como sujetos políticos, sociales, culturales a los cuales se ven sometidas las comunidades campesinas por parte del estado colombiano, el cual los reconoce como un producto agrícola, en vista de este oscuro panorama es que el movimiento social ha emprendido luchas como las reflejadas por el senador Alberto Castilla que en el año 2016 por medio del proyecto de reforma constitucional que busco reconocer al campesinado como sujeto de derechos de especial protección. Donde su objetivo era el cambio de los artículos 64, 65, y  66 de la constitución política, dado que solo hace  reconocimiento en la mera vocación productiva, negándoles características propias a la tierra, al territorio, entre otras, dado su deficiente protección constitucional al campesinado. Fue un esfuerzo por reconocer su identidad y prácticas culturales que fue negado por las mayorías contrarias a los intereses del campesinado presentes en el congreso de la república.

Sin embargo la lucha por lograr este reconocimiento para las comunidades campesinas vive un nuevo acto, el censo poblacional 2018, las comunidades campesinas exigen al gobierno nacional el derecho a la igualdad material y esto se traducido en contar al campesinado, censarlo, es decir, modificar en sus encuestas y/u formularios para incluir la categoría de reconocimiento con la preguntas como: ¿es usted campesino(a)?, solicitud constantemente negada por el Ministerio del Interior, el DANE y el Ministerio de Agricultura por más de 4 años, en escenarios como la interlocución entre el gobierno nacional y  la Mesa Campesina Cauca, tal negativa llevo a que 1.770 campesinos el año pasado interpusieron una tutela que  buscaba ser incluidos y contados en el Censo Nacional de Población y Vivienda en 2018. Esta pretensión no se cumplió por tiempos, presupuesto y desconocimiento de los jueces, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia se pronunció, el 16 de febrero del 2018 en la sentencia STP 2028-2018. A lo cual establece que se caracterice el concepto de campesinado, se contabilice y se realice políticas públicas para este grupo sujeto de especial protección constitucional con acciones afirmativas. A continuación compartimos una entrevista realizada por la organización DeJusticia donde explica los alcances del fallo de la corte:

*Si accede desde un dispositivo móvil oprima en la opción “Listen” para iniciar la reproducción del audio.

Lo anteriormente expuesto debe llevar al lector a preguntarse ¿Qué rol puede jugar la educación en la construcción de la identidad del campesinado? ¿La escuela colombiana también es un espacio de negación hacia el campesinado? A ello porque el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia permitiría realizar una política pública de educación al campesinado acorde a las necesidades del campo y a su identidad cultural.

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